Poderes públicos fortalecen alianzas por el bienestar de BCS: VCC
“El diálogo, la coordinación y el bien común, deben ser la base de la colaboración, por ello, desde el Gobierno del Estado, le apostamos a la unidad mediante el trabajo en equipo, a dejar huella en nuestra sociedad, siempre con apego a la ley y con total respeto de la división de poderes”, resaltó el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, al encabezar el Segundo Parlamento entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Ante la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raúl Juan Mendoza Unzón y del diputado Luis Armando Díaz, en representación del Congreso local, el Ejecutivo estatal precisó que “para que exista una práctica republicana diferente, cada uno en el ámbito de las responsabilidades constitucionales deben establecer puentes que sean incluyentes; más que buscar el conflicto, abonarle a la conciliación. No existe nación que haya podido ejercer la democracia en contrastes normales, entre pensamientos diversos que se presentan”, puntualizó.
Asimismo, en su intervención, el Mandatario sudcaliforniano, mencionó – “Es gratificante que continuemos buscando un mismo fin; nos debe guiar siempre la Gobernanza. De nosotros depende la tranquilidad, el desarrollo económico, social y cultural de nuestro Estado. Dejemos atrás viejas prácticas; debemos hacer comunicación más transparente, que nos permita que la justicia vaya acorde con la legislación y la ejecución de la misma”.
Por su parte, el secretario General de Gobierno, Homero Davis, retomó algunas de las líneas de acción abordadas en el marco del primer encuentro, las cuales forman parte de la agenda en común que se está elaborando por parte de los Poderes del Estado, a fin de atender temas prioritarios para seguir consolidando a Sudcalifornia, como una entidad fuerte y próspera.
Entre ellos destacan: La ley de equilibrio ecológico y medio ambiente, mejora regulatoria, la homologación de la Ley de Movilidad, la reforma electoral; así como la prevención de la violencia, principalmente en contra de mujeres, niñas y adolescentes, la Ley de archivos, Protocolo de defensa y protección a periodistas, así como de activistas de derechos humanos e inclusión, la impartición y procuración de justicia, entre otros.
