Exigen destitución e investigación de fiscal en Querétaro por presunto encubrimiento a red de huachicol
Accionistas y víctimas de Grupo Fuchela S.A. de C.V. solicitaron la separación inmediata del Fiscal de Acusación Jefe de Unidad, Aurelio Lozano García, así como la apertura de investigaciones penales y administrativas en su contra, por presunto abuso de autoridad, obstrucción de la justicia y encubrimiento a favor de una red de expendios de combustible ilícito en Querétaro.
La exigencia ocurre tras el operativo realizado el 19 y 20 de septiembre, cuando la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Guardia Nacional, aseguró una estación de servicio ubicada sobre la carretera federal 57, a la altura de la comunidad de Miranda (monumento a Conín). La gasolinera quedó clausurada y se aseguraron bombas despachadoras, derivado de la carpeta FED/FEMDO/FEIDMHDARV-QRO/0000846/2025.
Este caso forma parte de una serie de acciones federales contra el huachicol en la entidad: en marzo se aseguraron tres estaciones con más de mil 600 litros de hidrocarburo; en junio se decomisaron más de 15 mil litros en predios de El Marqués y Querétaro; y el pasado 24 de septiembre la autoridad federal reportó nuevos cateos con incautación masiva de gas LP, combustible y dinero en efectivo.
De acuerdo con los accionistas denunciantes, desde 2021 se presentó evidencia de administración fraudulenta y desvío de recursos en contra de los empresarios José Casal García y José Casal Domínguez, quien desde hace más de 10 años han operado fraudulentamente múltiples negocios de gasolineras y hoy se encuentran siendo investigados por delincuencia organizada en modalidad de tráfico de hidrocarburos.
Entre las pruebas destacan la simulación en el precio de compra de un terreno —reportado a inversionistas en 15.3 millones de pesos, cuando en el contrato inscrito en el Registro Público aparece por 8.15 millones—, la falsificación de documentos, la negativa a rendir cuentas, desviación de recursos y omisión en la repartición de utilidades desde la constitución de la empresa en el año 2014. El Sr. José Casal García cuenta además con otras denuncias por hechos similares por administración fraudulenta de otros negocios gasolineros.
Pese a ello, —acusan accionistas— que el Fiscal Aurelio Lozano García de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, bajo responsabilidad de la Titular Julieta Elizabeth Moreno Hortado, habría incurrido en maniobras dilatorias e irregularidades procesales: interpretaciones a modo de resoluciones judiciales, archivo temporal de la investigación sin notificación legal y falsificación de constancias de notificación telefónica. Estas prácticas, señalaron, beneficiaron directamente al Sr. José Casal García.
Por estas acciones, el 10 de junio de 2025 se presentó una denuncia penal en contra del Fiscal Aurelio Lozano García, ante la Fiscalía Anticorrupción (CI/QRO/18570/2025) y una queja administrativa ante el Órgano Interno de Control (Queja 129-2025), ambas aún sin resolución.
Los accionistas y víctimas de Grupo Fuchela sostienen que la inacción y encubrimiento del fiscal permitieron la operación de combustible ilícito en Querétaro, a costa del patrimonio de la empresa y en detrimento de los consumidores.
EXIGENCIAS
Los afectados plantearon cinco medidas inmediatas:
1. Separación del cargo del fiscal Aurelio Lozano García.
2. Atracción de las carpetas por la Oficina del Fiscal General.
3. Reposición de actuaciones viciadas y acceso efectivo a la justicia.
4. Reanudación inmediata de las investigaciones en contra del Sr. José Casal García y cómplices.
5. Auditoría integral a la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estaso de Querétaro.
6. Vigilancia y verificaciones extraordinarias en estaciones de servicio de la zona metropolitana, particularmente sobre la carretera 57.
Finalmente, el representante legal de los accionistas, el Lic. Cristopher Estupiñan, declaró que “la sociedad queretana no puede normalizar que, mientras la Federación acredita decomisos y clausuras, la Fiscalía del Estado protege a empresarios huachicoleros. Y es que las autoridades locales están encubriendo prácticas defraudadoras que debilitan el Estado de Derecho y alimentan el mercado ilegal de hidrocarburos. Llevamos casi 5 años de impunidad en este caso, múltiples pruebas y Aurelio Lozano García de la Fiscalía del Estado sigue protegiendo a José Casal García, quien ahora está involucrado en una investigación federal por Delincuencia Organizada y falsificación de registros en la investigación, lo que parece tampoco importarle a la Fiscalía queretana, pues su único interés está en proteger los intereses criminales del Sr. Casal García y la red de corrupción al interior de la Unidad de Delitos Patrimoniales».
