Natura reunió a líderes de la sustentabilidad de la región para promover la economía regenerativa
El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, publicado en agosto de este año, muestra que las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente las generadas a través de la deforestación, están amenazando el planeta, poniendo en riesgo la vida de miles de millones de personas y afectando a la economía del mundo.
El panel «Decisiones por el Planeta» se concentró en esa evidencia. Fue en el marco del cierre de los debates promovidos por Natura en conmemoración del mes de la Amazonia. Los panelistas propusieron desarrollar prácticas de capitalismo regenerativo, y discutir el papel de las empresas y los objetivos basados en la ciencia y realizados por nuevas métricas, además de las expectativas para la COP26.
Guilherme Leal, uno de los fundadores de Natura y miembro de la concertación por la Amazonia y João Paulo Ferreira, CEO de Natura &Co Latinoamérica y presidente de Natura, recibieron a Margarita Ducci, directora ejecutiva de la red Pacto Global de Chile y María Laura Tinelli, argentina especialista en inversiones de impacto, fundadora de Acrux Partners. Participó también Adevaldo Dias, presidente de Memorial Chico Mendes.
Los testimonios de los protagonistas
Guilherme Leal reforzó la necesidad de la toma de posicionamiento proactivo de las empresas y de los grandes bloques económicos, reafirmando el compromiso de cooperar en torno a la urgencia climática. “Es urgente poner en marcha medidas efectivas para contener los impactos de la crisis. Junto con el discurso debe haber un cambio de actitud. La crisis es grave, pero la esperanza moviliza, aumenta nuestra capacidad de cooperación común y nos ayuda a reconectarnos con la naturaleza», remarcó.
El debate también fomentó la importancia de construir redes de cooperación y transformaciones. «Tenemos una profunda creencia de que no hacemos nada solos, especialmente cuando se trata de problemas sistémicos globales y de regiones con la complejidad de la Amazonia. Por eso yo defiendo y busco construir estas redes. Cuando reunimos a los diferentes actores que conforman el problema, ya sean ambientalistas, empresarios, gobierno o comunidades ribereñas, comienzan a aparecer las soluciones», agrega Leal.
Una de las iniciativas que confirman las acciones efectivas de responsabilidad ambiental e impacto social de una empresa es la certificación B. Para João Paulo Ferreira, esta es una forma de aprendizaje colectivo que permite el desarrollo de mejores prácticas. «La sociedad ha aprendido a medir los efectos económicos, pero para las externalidades socioambientales, el progreso ha sido más lento. Por lo tanto, es muy saludable ver movimientos, como el de las Empresas B, que indican caminos y dan valor a las empresas que ya están trabajando por la reconciliación económica, social y ambiental. Todo el mundo aprende junto con otros. Realmente creo que el próximo paso será de valorar estas externalidades en el balance de las empresas», dijo el CEO.
Hablando de los retrocesos provocados por el Covid-19, no solo en el escenario del hambre y la desigualdad social, sino en el medioambiente, Margarita Ducci explica que aún queda mucho por hacer. Para la especialista, las noticias diarias sobre incendios y desastres -que se consideran inusuales- nos hacen plenamente conscientes de que después de lo que vivimos, y de lo que seguimos atravesando con la pandemia, hay que pensar que la próxima amenaza global es el cambio climático. «El informe del IPCC da una alarma roja al mundo, mostrándonos ya con evidencia de cómo será difícil cumplir con el objetivo de llegar al 2050 con el nivel de calentamiento entre 1,5 grados. Necesitamos ser más activos en este sentido, además de tomar decisiones importantes para continuar avanzando», advierte.
Sobre la importancia de que las empresas conozcan y midan el impacto generado, mirando más allá del aspecto financiero, María Laura Tinelli, de Acrux Partners, destacó que actualmente el mundo empresarial enfrenta dos problemas que están vinculados: la falta de transparencia en cómo se reportan estos impactos y también de oportunidades de inversión en empresas que están midiendo estos datos correctamente. «Dar valor a una empresa simplemente por su desempeño financiero sin atender a cuestiones ambientales o sociales significa que el valor que se le atribuye no está vinculado a la realidad de su verdadero costo de producción, ya sea de un bien o servicio».
Adevaldo Dias se concentró en explicar cómo la distribución política de beneficios y el pago por el acceso a los conocimientos tradicionales ayudan a mantener la selva en pie y cómo estas otras remuneraciones, además del pago por la venta por insumos, apoyan el desarrollo sustentable. «Hoy está muy claro que las comunidades tienen un papel muy estratégico en la conservación de los territorios y en la promoción de una forma de vida que dialoga con la economía sustentable. El acceso de las comunidades para repartir estos beneficios es como una oportunidad para que disfruten de derechos que no son proporcionados por las políticas públicas, por ejemplo».
El trabajo realizado por las comunidades también mencionado por Joao Paulo, cuando el tema fue COP26 (26ª Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de la ONU), que tendrá lugar en octubre y noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow. Según el ejecutivo, las expectativas en torno a la conferencia giran sobre la influencia de las empresas en las decisiones públicas gubernamentales, contribuyendo principalmente a la creación de reglas para el mercado de carbono. «La regulación es importante con respecto al valor de los servicios ambientales que, al final, porque se trata de beneficiar a quienes están prestando este servicio, que son las comunidades, las personas que están en el bosque y no servir como un instrumento de especulación financiera», defiende João Paulo
