Manifestaciones sociales en torno a la temática del agua

La libertad de expresión y el ejercicio de la manifestación son la base fundamental de una sociedad democrática, por lo que todas las instituciones del Estado debemos adoptar como premisa fundamental el respeto a la libre manifestación de las ideas.

En una sociedad democrática, lo normal es que existan diversas posiciones políticas, y lo que debemos de garantizar es la capacidad de dirimir esas diferencias, en la búsqueda de construir, a partir de todas las opiniones, de todas las posturas, una sociedad igualitaria y equitativa en la que el faro conductor sea el respeto y la protección a los derechos humanos.

Las manifestaciones sociales del pasado viernes 10 de junio y sábado 11 de junio son una muestra de que Querétaro es una sociedad viva, con opiniones distintas que deben ser todas escuchadas y atendidas para darles cauce y solución. Ante este escenario, debemos agotar todas las instancias del diálogo social y político para garantizar que todas las voces sean escuchadas y todas las posturas sean atendidas.

De acuerdo con la Observación General núm. 37 del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), relativa al derecho de reunión pacífica, “las fuerzas del orden pertinentes deberían trabajar en la medida de lo posible para establecer canales de comunicación y diálogo entre las diversas partes que participen en las reuniones, antes de su celebración y durante ella, con el fin de promover la preparación, reducir las tensiones y resolver las controversias”. Sin embargo, en caso de que sea necesario el uso de la fuerza, y de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos, esta “debe ajustarse a los principios fundamentales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación”.

La respuesta del Estado a través de la intervención de instituciones dotadas del uso legal de la fuerza pública debe ser la última opción, y debemos asumir que su intervención siempre significará, aún si la actuación de estas instituciones fuese legal y legítima, que el diálogo político no ha logrado sus objetivos para la construcción de acuerdos.

Con respecto a la intervención de elementos de Policía Estatal en la manifestación social del pasado 10 de junio, como ya se hizo público a través de los diversos medios de comunicación, tras atender y acompañar a las personas detenidas durante las primeras horas, está Defensoría ha abierto el expediente de queja 240/2022 con el que ya se conduce una investigación diligente y autónoma respecto a la actuación de las diversas autoridades involucradas para determinar si la intervención del personal dotado del uso legal de la fuerza pública se hizo con respeto a los principios fundamentales establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Como ha sucedido en ocasiones anteriores, esta Defensoría estudiará el caso a fondo y tendrá una determinación respecto a la responsabilidad de las autoridades involucradas en estos hechos.

La temática del agua es sin duda una de las más relevantes a nivel mundial en torno a la discusión de los derechos humanos, y por supuesto que Querétaro no puede ser la excepción. Es un tema multifactorial que debe ser analizado de manera seria, empática y consciente, sobre cada una de sus vertientes.

Actualmente, esta Defensoría se encuentra realizando un análisis técnico jurídico sobre los alcances de la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro y que deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro, publicada en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” el pasado 21 de mayo de 2022, en uso de sus facultades dispuestas en el artículo 105, fracción segunda, inciso h de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si bien esta es una práctica estándar respecto a toda legislación publicada, en esta ocasión la relevancia del análisis que se conduce es mucho mayor, toda vez que se han recibido diversas solicitudes por parte de particulares y organismos de la sociedad civil, en las que se expresa la preocupación de que la ley en comento pudiera ser violatoria de los derechos humanos. Será a partir de la conclusión de dicho análisis técnico jurídico que se concluya si existen o no elementos violatorios de los derechos humanos.

A pesar de estas acciones, es importante reconocer que la problemática del agua contiene otras vertientes que van más allá de la legislación en comento, y que se han manifestado en las movilizaciones sociales de las últimas horas, por lo que es importante que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, ofrezcan un espacio de diálogo para, en principio, reconocer todas y cada una de las vertientes de esta problemática, y con ello construir una ruta crítica para darles solución.

Esta Defensoría ofrece su interlocución para construir un diálogo amplio e inclusivo, con todos los grupos y actores de la sociedad civil, y las autoridades necesarias para su atención, con el objetivo de trabajar para dar solución a los conflictos, y con ello resolver las controversias que se han suscitado, reducir las tensiones sociales y políticas y así evitar la consumación de un entorno propicio para situaciones que favorezcan la violación de derechos humanos.