Sin Fronteras contra el Crimen Organizado
La sociedad está en crisis, tanto en México como a nivel mundial. Por un lado, las autoridades parecen ejercer su cargo con un enfoque en la popularidad en plataformas digitales, adoptando un estilo populista. «Salir bien en la foto» y obtener likes es lo que predomina hoy en día, dejando en segundo plano las responsabilidades fundamentales del gobierno, como la seguridad, la educación y la salud de sus habitantes.
El impacto de las drogas en las sociedades no puede analizarse sin considerar el papel del crimen organizado. En particular, la producción y el tráfico de fentanilo desde México hacia Estados Unidos representan una amenaza sin precedentes. Esta droga, hasta 50 veces más potente que la heroína, ha generado una crisis de salud pública en Estados Unidos y México, con decenas de miles de muertes anuales por sobredosis. Las comunidades afectadas no solo enfrentan pérdidas humanas, sino también consecuencias económicas y sociales devastadoras, que dificultan la recuperación a largo plazo. El expresidente Donald Trump, al igual que otros líderes, ha propuesto medidas como declarar a los grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas, una legislación que ya había sido aprobada durante la administración de George W. Bush con la Ley de Designación de Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organization Designation Act) promulgada el 5 de octubre de 2001. Esta propuesta busca enfatizar la gravedad del problema y justificar medidas más drásticas. Aunque estas medidas son controversiales, subrayan la necesidad de una respuesta contundente ante una crisis que afecta a ambos lados de la frontera. En contraste, la política de «abrazos y no balazos» del gobierno mexicano ha sido criticada por su ineficacia para contener la expansión del crimen organizado.
Esta política, defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se basa en priorizar programas sociales, fomentar oportunidades económicas y evitar confrontaciones armadas directas con los grupos del crimen organizado. Su objetivo declarado es atender las causas profundas de la violencia, como la pobreza y la falta de empleo, en lugar de recurrir exclusivamente al uso de la fuerza militar. Sin embargo, los críticos argumentan que esta estrategia ha permitido a los grupos criminales operar con relativa impunidad, lo que ha llevado a un aumento en los niveles de violencia y tráfico de drogas. Recientemente, se incautó uno de los mayores decomisos de fentanilo en la historia bajo la administración de Claudia Sheinbaum, con una cantidad suficiente para causar la muerte de un 15% de la población estadounidense, según reportes del decomiso publicados en medios como El Universal y la BBC, donde se menciona que «el presidente estadounidense Joe Biden afirmó que las fuerzas de seguridad mexicanas incautaron más de 20 millones de dosis de fentanilo ilícito, suficiente para matar al 15% de todos los estadounidenses».
Tal y como se están realizando reformas constitucionales, como la reciente adición del fentanilo a los supuestos de prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 de la Constitución Mexicana este 31 de diciembre de 2024, México debería aprovechar esta tendencia para elaborar una estrategia nacional integral de combate al crimen organizado. Esta estrategia debe incluir la propuesta de un tratado bilateral entre México y Estados Unidos enfocado en el combate al crimen organizado y las drogas. Dentro de este marco, se podría iniciar con el nombramiento de un consejo designado por cada nación para trabajar en la creación de dicho tratado. Este tratado podría inspirarse en modelos internacionales como la OTAN, pero enfocado en la seguridad bilateral. Se podría denominar «Comando», una alianza estratégica que permitiría desarrollar una cooperación más eficiente entre las dos naciones. El Comando tendría como objetivos principales:
• Incautar cuentas bancarias relacionadas con el crimen organizado.
• Agilizar los procesos de extradición entre ambos países.
• Desplegar un grupo militar conjunto México-Estados Unidos, denominado Grupo Comando con capacidad de operar en ambas fronteras para garantizar la seguridad binacional.
Este tratado no solo sería un paso significativo hacia la erradicación de la violencia, impunidad, drogas y crimen organizado, sino también un símbolo de la cooperación internacional en favor de la paz y la seguridad regional. Tal alianza permitiría a ambos países compartir recursos, inteligencia y capacidades para enfrentar juntos las amenazas transnacionales que afectan a sus ciudadanos.
No podemos permitir que el crimen organizado gane esta guerra. La batalla contra el crimen organizado y las drogas requiere una respuesta integral que trascienda fronteras. La seguridad, la salud y la educación deben volver a ser prioridades para los gobiernos, dejando atrás las políticas superficiales enfocadas en la imagen y la popularidad. Solo así podremos evitar que más personas caigan en este estado de deshumanización y reconstruir sociedades saludables y seguras.
El desafío no solo recae en los gobiernos, sino también en las comunidades y las organizaciones civiles. Todos tenemos un papel que desempeñar para garantizar que las generaciones futuras no se enfrenten al mismo nivel de devastación que presenciamos hoy.
Manuel Estevez Méndez
Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana
